Por Matias Argañaraz
08 Junio 2025
Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación emitiera la Resolución 1641/25 que centraliza el proceso de matriculación de profesionales de la salud en el ámbito nacional, el Colegio de Psicólogos de Tucumán interpuso un recurso de amparo y busca su derogación. Argumenta que la normativa es inconstitucional y que representa una intromisión en las facultades propias de las provincias. Otras instituciones también expresaron su rechazo, con la advertencia de que la medida podría facilitar el ejercicio ilegal de profesionales poniendo en riesgo la salud pública local.
Los argumentos
Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca unificar y simplificar “los requisitos de matriculación” de los profesionales de la salud. Al mismo tiempo, se apunta a “garantizar su calificación y competencia, y eliminar posibles ambigüedades o la necesidad de trámites adicionales, como matrículas provinciales que a su vez retienen un porcentaje de los haberes de los profesionales”.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación subrayaron que la matriculación ante esa cartera es “fundamental para el resguardo de la salud pública en todo el territorio nacional”, ya que “garantiza que los profesionales cumplan con los estándares nacionales de formación, ética y competencia y están plenamente habilitados para ofrecer una atención segura, responsable y conforme a las normativas nacionales vigentes”. A su vez, señalaron que “los colegios provinciales son los que tienen la potestad de habilitar la matrícula, y con eso, dar el aval de trabajar en la jurisdicción”, aunque remarcaron que, con la nueva disposición, los profesionales podrán ejercer en diferentes provincias sin necesidad de obtener una matrícula en cada una de ellas.
El nuevo sistema, al que la gestión libertaria calificó de ser más ágil, permitirá que los trabajadores de la salud cuenten con una única matrícula válida en todo el país, que además es digital y no tiene vencimiento, en línea con modificaciones previas implementadas por la cartera sanitaria. “Estas credenciales, que antes debían renovarse cada cinco años, ahora permanecerán vigentes de forma automática, lo que elimina la necesidad de realizar trámites de renovación”, resaltaron las autoridades.
El planteo
Tras la oficialización de la Resolución, la Federación de Psicólogos de la República Argentina y el Colegio de Psicólogos de Tucumán expresaron su enérgico rechazo a la medida. Ambas entidades consideraron que la normativa es inconstitucional por violar los artículos 121 y 125 de la Constitución Nacional, y la calificaron como un retroceso en la organización y regulación del ejercicio profesional.
En el ámbito local, el Colegio de Psicólogos de Tucumán -hasta hace un par de semanas presidido por María Fabiana Lavaque y con Ana Valentina Golobisky como secretaria- presentó un amparo ante la Justicia para solicitar la derogación de la resolución.
En el escrito judicial, argumentan que la medida desconoce la potestad de los Colegios Profesionales provinciales para controlar la matrícula dentro de sus jurisdicciones, lo cual “atenta directamente contra la función social que históricamente han ejercido las instituciones colegiadas en la defensa de la salud pública y el bienestar de la comunidad”.
Además, advierten que la normativa podría generar inequidades en el ejercicio profesional, comprometer el cumplimiento de los estándares éticos y la formación continua de los psicólogos, y poner en riesgo la calidad de la atención psicológica brindada a la ciudadanía. “Exigimos la urgente revisión y derogación de la Resolución 1641/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, en defensa de la autonomía de los Colegios Profesionales, la igualdad entre los profesionales, y fundamentalmente, en resguardo de la salud pública y el bienestar de la sociedad argentina”, remarcaron Lavaque y Golobisky en la presentación judicial.
La institución ahora es presidida por Sol Forgas.
Pagos anuales
El Colegio de Bioquímicos de Tucumán también expresó su rechazo a la resolución nacional, y su presidenta, Ángela González, cuestionó los argumentos del Gobierno respecto a la supuesta burocracia de los trámites que deben realizarse en las entidades colegiadas para acceder a la matrícula. “No son ni engorrosos ni burocráticos. El profesional recién recibido debe tramitar su matrícula en el colegio, el proceso es rápido y debe abonar ‘x’ cantidad, que depende del consejo directivo, y se paga de manera anual”, destacó.
Además, González subrayó que los colegios profesionales cumplen una función clave, tanto en la articulación con las obras sociales como en la fiscalización del ejercicio profesional. “El caso del médico falso en Concepción es un claro ejemplo. El control deontológico del colegio profesional es justamente sobre la matrícula, chequear que el profesional esté debidamente colegiado y evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud pública y también cuando se ejerce en el ámbito privado”, resaltó.
“Profesionales truchos”
Roberto González Marchetti, síndico de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput), explicó a LA GACETA que tras la Resolución emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, los colegios profesionales verían limitado su rol en el control del ejercicio legal de la profesión, ya que las malas prácticas pasarían a ser competencia del ámbito “civil o penal”.
“El Colegio Médico es el único en Tucumán que no tiene control de la matrícula, lo supo tener hasta que se creó el Siprosa. Según la Constitución provincial, el Estado nos delega el control de matrículas a los colegios. Entonces, habría que pensar en una modificación de la Constitución de Tucumán para que entre en vigencia este decreto presidencial. O sea, que por el momento eso no sería posible”, remarcó González Marchetti.
En cuanto a las posibles ventajas de la nueva normativa, el referente de Feput reconoció que la única sería que los profesionales “no deberán pagar una inscripción mensual”, pero advirtió que esto podría facilitar el ejercicio ilegal de la profesión, al aumentar el riesgo de que trabajen profesionales “truchos”, “por la dificultad que tiene el Estado en poder controlar la legalidad y la ética de los trabajadores”.
El costo
Coincidiendo con lo expresado por Marchetti, el titular de la Federación, Alberto Moyano, sostuvo que el costo de las matrículas depende de cada entidad y del tipo de profesión, aunque afirmó que “es razonablemente accesible para los profesionales”.
Además, detalló que matricularse brinda múltiples beneficios, como el control del ejercicio profesional, representación institucional ante el Estado y la sociedad, acceso a capacitaciones y actualizaciones, descuentos y cobertura social.
Por otro lado, advirtió que contar únicamente con matrícula nacional limitaría el ejercicio profesional en el ámbito provincial. “Esta situación podría dificultar la movilidad de los profesionales que deseen ejercer en diferentes provincias, ya que no estarían habilitados para ejercer en esas jurisdicciones”, señaló.
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