El escándalo de la jueza Makintach deja una vez más expuesta a la justicia argentina

Una jueza actriz en un caso seguido globalmente como la muerte nada más y nada menos que de Diego Armando Maradona. Eso se reflejó en todo el mundo a partir de lo sucedido en los últimos días cuando se supo que una de las vocales encargadas de las audiencias, en las cuáles se juzga a ocho personas por el deceso del astro, estaba, junto a una productora, haciendo un documental de su participación en las audiencias que llevaba por título “Justicia Divina”, y que iba a constar de seis capítulos. La situación, que se transformó en un escándalo, será resuelta hoy cuando los jueces restantes, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, decidan si el proceso seguirá su curso, y en ese caso cómo, o no.

La situación provocó además un sismo en el ámbito judicial. La mayoría de las voces sobre lo que hizo la jueza Julieta Makintach, quien tras las pruebas en su contra decidió apartarse del proceso, fueron en contra.

Consultados por LA GACETA, abogados tucumanos opinaron sobre la situación que abrió nuevamente el debate sobre la situación en el Poder Judicial, aunque todos dijeron que no se debía generalizar. Javier Lobo Aragón opinó que “estamos  ante un proceso de alto impacto social y mediático donde los estándares de objetividad y neutralidad deben ser irreprochables, no solamente en esta causa sino en todas”. “En este caso -dijo- la responsabilidad no es solamente de la jueza Makintach sino también del Tribunal, ya que en su conjunto tiene obligación de garantizar que se respete el debido proceso”. Y agregó: “hablo de jueces, fiscales, ayudantes judiciales, policías y todo el personal que se encuentra en una sala de audiencia. Es por esto que hay que  destacar que en san Miguel de Tucumán estas situaciones se manejan con extremos cuidado, todo el aparato judicial (fiscales, jueces, secretarios y hasta los policías ) actúan con una cautela que demuestra respeto por los principios de imparcialidad, sabiendo que hasta una palabra o alguna actitud fuera de lugar pueda contaminar el proceso. Este nivel de profesionalismo que muchas veces no se ve reflejado en los medios es digno de reconocimiento”. Según Lobo Aragón, “un juicio justo no depende sólo de las pruebas, depende también de las condiciones en las que se desarrolla el proceso y la pregunta que surge y está en duda por muchas personas es si este juicio puede continuar con el mismo tribunal. A mi criterio se debe volver a fojas cero y que se conforme un nuevo tribunal que asegure neutralidad. No se trata de favorecer a unas de las partes, sino de proteger el valor más importante del sistema  judicial que es la legitimidad”.

Según Ernesto Baaclini, “lo que hizo la Magistrada fue una falta de ética, para ganar un protagonismo que solo su conciencia lo sabe”. “A mi criterio y teniendo en cuenta, que el juicio es grabado por el Poder Judicial, que da garantías de los medios de seguridad, debe continuar, designando a otro magistrado, dándole el tiempo necesario, de no más de diez días, para que tome conocimiento de las declaraciones testimoniales, sean de testigos y peritos y diversos actos. Aunque deben haberse producido pruebas que ya no se podrán reproducir. Es muy compleja la situación”. “No es pretexto que los magistrados deben escuchar en forma presencial, de tener el conocimiento directo, inmediato, de lo que se desarrolla en el debate, ya que hoy en día, muchísimas audiencias de juicios- debate, se hacen por medio de la plataforma Zoom. En nuestros Tribunales Provinciales, es una cuestión común y normal”, explicó. Al respecto, Baaclini agregó: “es un juicio largo, donde las defensas y querellas podrían influir ante las personas que ya declararon. Se juegan muchos intereses. Toda vez, que si el juicio es declarado nulo, no se podrán tener en cuenta lo que ya expresaron”. Finalmente reflexionó: “en Argentina, hay muchísimos Jueces. Lo sucedido no debe ser tomado como una mancha al Poder Judicial. Estos casos de resonancia pública son provocados por un Juez, no por todos”.

El también abogado Mariano Arcas consideró que “en el juicio la jueza fue apartada tras una recusación por temor de parcialidad fundado en un hecho de gravedad institucional: su intención de participar en un documental, mientras todavía presidía el debate oral”. Según él “ahora, hay tres escenarios posibles. El primero es que se la reemplace por un juez o jueza imparcial, pero eso implicaría anular el juicio entero, ya que el tribunal actual es el que ha intervenido en la producción de prueba, conforme al artículo 338 del Código Procesal Penal. El segundo escenario es directamente anular todo el proceso y declarar contaminado al tribunal completo por falta de garantías de imparcialidad. Y el tercero es sortear un nuevo tribunal o nuevos jueces para que continúen el debate, lo cual implicaría que esa nueva persona debería ver las 19 audiencias anteriores, lo que plantea serios problemas prácticos y jurídicos”. “En cuanto a las consecuencias, si el juicio se anula, ya hay un grado de contaminación en los testigos que puede afectar gravemente la reconstrucción probatoria. En mi opinión, esto es un circo. La justicia argentina queda una vez más expuesta como rehén del ego de algunos jueces, más preocupados por protagonizar un documental que por impartir justicia. Este nivel de exposición no solo es impropio, es dañino. No estamos ante una desprolijidad menor: estamos ante un hecho que mina la credibilidad del Poder Judicial en su conjunto. El ego demostrado por esta jueza no alcanza para un documental: necesitaría una serie de quince temporadas”, finalizó Arcas.

Para Patricio Char, “el juicio por la muerte de Maradona, más allá de lo procesal, expone una crisis mucho más profunda: la del sistema ético argentino. En un país donde la exposición mediática vale más que la coherencia moral, lo que debería ser un proceso de búsqueda de verdad se transforma en un espectáculo. Y lo peor es que no sólo los medios lo consumen: los operadores jurídicos también participan”. “Vivimos tiempos donde la vanidad profesional ha desplazado a la prudencia. Donde algunos abogados parecen más preocupados por salir en una selfie con sus clientes famosos que por la dignidad del proceso que representan. Y donde jueces participan —por acción u omisión— de narrativas que erosionan su imparcialidad. Esto no es sólo una desviación personal: es un fracaso institucional”. Luego se preguntó: ¿Cómo se reconstruye la credibilidad en una justicia que se deja devorar por el show y el oportunismo? La ética ha dejado de ser el piso de la profesión y se ha vuelto, en muchos casos, un accesorio prescindible. Estamos frente a una generación de profesionales que parece preferir los likes a los libros, la notoriedad a la verdad, el aplauso a la justicia. Y en ese clima, ¿quién defiende a las víctimas? ¿Quién pone el cuerpo por ellas cuando el poder, el dinero o la popularidad las vuelve invisibles? Si no somos capaces de marcar esos límites —sobre todo desde el ámbito jurídico—, entonces el juicio de Maradona no es una excepción: es apenas otro reflejo de lo que ya somos”. Char opinó que “lo que debería pasar es lo que preserve de mejor manera la legitimidad del proceso. Si el apartamiento de la jueza deja una duda razonable sobre la imparcialidad del tribunal, entonces lo correcto —aunque doloroso— sería reiniciar el juicio con otro tribunal plenamente imparcial. La justicia no puede permitirse veredictos que luego sean cuestionados por su forma. Y menos en un caso tan sensible y simbólico como este. Si seguimos adelante con un proceso viciado, por más rápido que sea, el daño institucional será mucho mayor que el costo de volver a empezar. A veces, hacer lo correcto significa tomar el camino más largo”

Finalmente, para Ernesto García Biagosh, el caso genera serias preocupaciones sobre la ética y la responsabilidad que deben regir la conducta judicial, especialmente en una causa con marcada sensibilidad social. “La participación de la jueza del tribunal en un documental donde aparece como protagonista mientras aún estaba involucrada en el proceso judicial, compromete gravemente la imparcialidad. Que es el norte en la judicatura. Intervenir en un documental que parece “marketing personal” y dramatizado, mientras se ejerce como jueza, desnaturaliza el rol institucional anteponiendo el interés personal”, dijo. Según García Biagosh, “esto debe necesariamente vincularse con la credibilidad y transparencia del Poder Judicial. La justicia debe inspirar confianza, y esta conducta mina esa confianza. Desde lo procesal su apartamiento puede poner en riesgo la validez del proceso y los actos jurídicos celebrados dando lugar a planteos de nulidad o dilaciones indebidas, lo que afectaría al derecho de las partes”.