Antes de junio tendría media sanción la baja de edad de imputabilidad

El oficialismo confía en tener los números para obtener la media sanción de la ley de la baja de edad de imputabilidad antes de fin de mes, para que luego pase al Senado, donde la pelea será más reñida sobre todo porque el bloque conformado por el Justicialismo y sus aliados se opone a la medida. Pero ¿qué incidencia tiene el delito perpetrado por menores en la inseguridad que se vive en el país?

Un informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de 2024 proporciona información para analizar la situación de los menores en conflicto con la ley penal. Advierten por ejemplo que el hecho de que el 71,5% de los adolescentes involucrados en causas penales no tengan antecedentes previos sugiere que, en muchos casos, se trata de delitos aislados y no de una carrera delictiva consolidada. Esto cuestiona la idea de que los menores de edad son delincuentes habituales que requieren una respuesta penal más severa. En ese sentido, la predominancia de delitos contra la propiedad (81,4%) indica que muchos de los delitos cometidos por menores están relacionados con situaciones de vulnerabilidad social y económica. Al respecto, la concentración de causas en lugares específicos sugiere que existen factores socioeconómicos y territoriales que influyen en la delincuencia juvenil. Esto destaca la importancia de implementar políticas públicas focalizadas en estas áreas. La mayoría de los involucrados son varones de 16 y 17 años. Según ese informe, los datos respaldan la necesidad de abordar la delincuencia juvenil desde una perspectiva integral, que incluya políticas de prevención, reinserción social y atención a las causas subyacentes.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil original que habían enviado al Congreso los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, establecía poner un piso de 13 años. Sin embargo, el oficialismo tuvo que consensuar en 14 años para poder tener un acompañamiento que le asegure el dictamen de mayoría frente a los 15 proyectos que había en debate en el plenario de las comisiones de Legislación Penal. La ministra defendió el proyecto y enarboló nuevamente la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, para justificarlo. Y cuenta con el firme apoyo del presidente, Javier Milei, que incluso lo expuso cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso. “Los diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes. Hoy, después de 314 días de haber presentado el proyecto de Ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”, dijo al respecto el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Duras críticas

El proyecto recibió duras críticas, sobre todo de la Iglesia. En marzo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), emitió un comunicado titulado “Más oportunidades que penas” en el que plantea que ante “situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos” y se pregunta: “¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente?”. Además hicieron énfasis en que “hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia”. “Si los jóvenes hoy necesitan espacios de contención y cuidado ¡manos a la obra! A reformar urgente el sistema educativo”, contraponen e indagan: para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados?”.

En ese sentido, hace pocas semanas, la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, dijo en Tucumán: “Reducir la edad de punibilidad no mejora la seguridad, pero sí puede aumentar la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes”.

Hoy, la modernización del sistema de justicia juvenil en Argentina demanda fortalecer las políticas de prevención, invirtiendo en educación, salud y espacios de desarrollo para jóvenes vulnerables. Asimismo, se necesita una reforma del sistema penal juvenil que priorice medidas socioeducativas alternativas a la cárcel, enfocadas en la reinserción y la reparación del daño.

Principales puntos de la iniciativa: el proyecto cuenta con dictamen

El proyecto, que ya cuenta con dictamen -por lo que quedó listo para que sea tratado en el recinto-, contempla una pena máxima de 15 años solo para delitos graves, pero busca dar prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

El proyecto del oficialismo establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años, aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

Otro de los puntos de la propuesta es que para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.

También se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Y permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio. Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.

Otras medidas que se podrán completar como sanciones en casos de delitos menores son prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo comunitario, monitoreo electrónico, y reparación del daño.