El fracaso proteccionista más austral del mundo

La queja de los fueguinos por la eliminación de los aranceles a la importación de productos que compiten con los ensamblados en su provincia es un claro ejemplo de vicios políticos, prejuicios nacionalistas, deformación del concepto de solidaridad y arcaísmo de los mitos industrialistas.

Por ejemplo, los sindicatos denuncian que tratar despectivamente sus tareas es una falta de respeto pues ensamblar es un trabajo digno. Pero depende. Recuérdense los satélites argentinos puestos en órbita los últimos años. Prácticamente todos los insumos eran importados. El trabajo físico local consistió en ensamblarlos. Ahora bien, eso pasa en todos los países. Ninguno produce satélites con el cien por cien de industria nacional. Pero no cualquiera puede armarlos. Fue un gran logro de Argentina tener laboratorios en condiciones tecnológicas de hacerlo, algo que no fue resaltado durante gobiernos anteriores por querer que sonara a que todo era argentino. Y además, muy importante, otro logro tampoco destacado fue que el diseño de los satélites era argentino.

Con los celulares no pasa eso. Son diseños ajenos de armado estandarizado que podría hacer cualquier obrero con la maquinaria adecuada, pero no demasiado sofisticada, en cualquier parte del mundo. Las “fábricas” argentinas no implican, necesitan ni aportan avances tecnológicos nacionales. Quien vea en eso modernización quedó en el pasado y confunde desarrollo industrial con manufacturar. El desarrollo está en las innovaciones, en el valor agregado intelectual, que no ocurre en el Sur pese a los aranceles.

Tras de eso la dignidad es discutible. Los argentinos pagan productos electrónicos más caros que si los compraran en el exterior incluso cuando los insumos a ensamblar no pagan aranceles, pero el menor costo de producción frente a otros bienes no se refleja en precios debido al proteccionismo. Así, los obreros fueguinos cobran sueldos más altos que si les pagaran de acuerdo a su aporte al valor del producto, este último expresado en los precios internacionales. Es decir, cobran lo que en realidad es un sobresueldo debido a un sobrecosto que pagan sus compatriotas por coacción tributaria. Y si no es justo, no es digno.

Hace 53 años que Tierra del Fuego tiene un trato diferencial impositivo que cuesta unos 2.000 millones de dólares al año (0,33 por ciento del PIB según el Iaraf) pero no desarrolla industria avanzada propia pese a estar cubierta de la competencia de un mundo en innovación permanente. Algo que pasa en todo el país debido a su falta de inserción, aunque hay sectores destacados por su competitividad pese a las políticas económicas, no gracias a ellas, porque los no protegidos supieron aprovechar las pocas ocasiones favorables para introducir tecnología y generar una base para innovaciones propias.

Tierra del Fuego muestra el caso de la industria en la infancia que nunca madura porque no se alcanzan economías de escala produciendo para un mercado interno pequeño y porque a competir se aprende compitiendo. Pero además existe la presión política. Se admite que las protecciones no deben ser permanentes para pedir gradualismo en su pérdida de vigencia, pero sólo para impedir que se las levante porque cada vez que se acerca el final se lloran crisis y dramas sociales y se amenaza con el conflicto. Y como los gobernantes no quieren problemas, ceden. Los sectores protegidos suelen estar concentrados geográficamente y organizados mientras que los consumidores, que los sufren, dispersos y desorganizados.

¿En qué consisten los cambios? Celulares importados, sin aranceles en dos etapas de seis meses (gradualismo), y los impuestos internos sobre celulares, televisores y acondicionadores de aire importados pasarán de 19 por ciento a 9,5 por ciento pero los fabricados en Tierra del Fuego irán de 9,5 por ciento a cero, por lo que mantienen la ventaja relativa en esos impuestos. Para consolas de videojuegos, la tarifa de importación pasará de 35 a 20 por ciento, simple adecuación al arancel externo común del Mercosur.

Y como posiblemente bajarán los precios de esos artículos, así como el comercio argentino se verá favorecido (por menos incentivos para tours de compras a Chile) también habrá trabajos cuyos costos de producción bajarán si usan esos bienes.

Claro que los empresarios de Tierra del Fuego deberán ser más competitivos o buscar otras actividades económicas, para lo que podrían presionar a su gobierno para que reduzca impuestos locales, mejore la calidad educativa y gaste menos y mejor. ¿O acaso contribuye a la actividad y la toma de mano de obra un Estado cuyos empleados pueden jubilarse a los 55 años de edad? La competitividad real depende en parte del gobierno nacional, que aporta desregulaciones, reducción de retenciones a exportaciones industriales y estabilidad macroeconómica con su impacto en expansión del crédito, pero también de los gobiernos provinciales.

Si el gobernador fueguino quiere que su provincia crezca debería dejar de pensar en mantener el statu quo a costas del resto e impulsar la aplicación del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución para que se diseñen planes que reduzcan las diferencias de desarrollo relativo entre regiones. Que además contemplarían a todas las provincias, sin privilegios, compensando los incentivos negativos de la coparticipación. Menos quejas, más trabajo serio. Mientras tanto, podría buscar que el Fondo Fiduciario Tierra del Fuego, que seguirá existiendo, se aplique con eficiencia en impulsar actividades rentables.

Para cerrar, la soberanía. Se dice que el régimen especial ayuda a mantener la presencia argentina en la isla, blanco permanente de la ambición de toda potencia que quiera controlar el acceso a la Antártida, el paso entre océanos y toda la cantinela de la excepcionalidad argentina en recursos y como víctima de conspiraciones interplanetarias. Pero es más sencillo. Los sacrificios por la soberanía deberían discutirse en el Congreso y serían más eficientes mediante subsidios explícitos de rentas generales y no por distorsiones de precios que sobrecargan los costos de la producción nacional y paralizan la innovación tecnológica. La soberanía se defiende mejor con una economía estable y productiva que con herramientas que llevan al atraso.