01 Mayo 2025
Ingresó en la Legislatura un proyecto que busca establecer un marco regulatorio para el uso y administración de los vehículos oficiales pertenecientes a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Básicamente, lo que se busca es promover la austeridad en el empleo de los recursos públicos y combatir los usos indebidos que afectan la imagen pública de las instituciones.
La iniciativa es impulsada por el legislador José Manuel Cano (Radicalismo Federal), que propone que los vehículos oficiales sólo sean utilizados para facilitar el desempeño laboral de los funcionarios y empleados públicos, quedando prohibido cualquier uso personal, familiar o ajeno a funciones oficiales. Además, propone que cada unidad esté identificada claramente con la leyenda “Vehículo Oficial del Gobierno de la Provincia de Tucumán”, junto con la repartición a la que pertenece y un número de teléfono de contacto.
En el articulado se destaca la obligación de crear un registro digital que documente en detalle cada vehículo: desde el dominio y el itinerario autorizado hasta los sistemas de geolocalización y el historial de mantenimiento. Se establece que el registro esté sujeto a auditorías periódicas para garantizar la transparencia en el manejo de estos bienes estatales.
“Criterio y razonabilidad”
Entre los fundamentos del proyecto, el ex diputado destaca que la propuesta responde a la necesidad de cuidar y dar un adecuado uso a los recursos materiales por parte de los funcionarios, en un contexto de crisis económica a nivel nacional y provincial. Señala además que resulta indispensable mostrar transparencia en su utilización, evitando el abuso de los vehículos oficiales. Añade que esta medida permitiría revertir la imagen negativa que pesa sobre las instituciones.
“Es necesario que los recursos que utilizan los funcionarios públicos sean utilizados con criterio y razonabilidad”, enfatiza el legislador radical en los fundamentos. El articulado, a su vez, prevé sanciones por el uso indebido de los vehículos oficiales: será considerado una falta grave, cuya reglamentación establecerá el tipo de sanciones correspondientes. No obstante, se hace la salvedad quedan exceptuados de estas disposiciones los móviles destinados a emergencias, seguridad, salud, servicio penitenciario y otras funciones esenciales del Estado.
Por último, el legislador recordó que provincias como Chaco, La Pampa y Entre Ríos ya cuentan con leyes o reglamentos similares, y mencionó que Mendoza también estudia una propuesta en el mismo sentido.
Iniciativas similares
No es la primera vez que la oposición presenta iniciativas para regular el uso de los vehículos oficiales. En agosto de 2023, el radical José María Canelada (hoy concejal de la Capital) presentó una iniciativa para la creación de un registro e identificación de vehículos oficiales, pero sólo que formen parte del Poder Ejecutivo. La presentación se dio en el contexto del robo de una camioneta de uso oficial en la que habitualmente se trasladaba el senador Pablo Yedlin, aunque el vehículo estaba asignado a la Secretaría General de la Gobernación.
En diciembre de 2019, a su vez, el bloque de Fuerza Republicana presentó una iniciativa para que se haga un control y seguimiento de los vehículos oficiales. El proyecto que llevaba como primera firma a Sandra Orquera proponía que todos los vehículos oficiales cuenten con un "ploteo" de identificación y un sistema de localización satelital.
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